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Legislatura

La Justicia rechazó la cautelar de Pichetto y Massot para frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros

Un magistrado federal desestimó la medida urgente solicitada por los diputados, aunque exigió un informe al Poder Ejecutivo antes de emitir un fallo de fondo sobre el DNU.

Publicado el 5 de octubre de 2026 2 minutos de lectura
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La Justicia rechazó la cautelar de Pichetto y Massot para frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros

El fuero contencioso administrativo federal resolvió desestimar la solicitud de una medida cautelar interina presentada por los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, quienes buscaban frenar de forma inmediata la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La presentación se había activado luego de que la Corte Suprema de Justicia revalidara indirectamente la vigencia de la desregulación dispuesta por el Gobierno a través del decreto presidencial dictado a finales de 2023.

El titular del juzgado interviniente argumentó en su decisión que los legisladores demandantes no lograron acreditar la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que justificaran adoptar una medida de urgencia extrema sin escuchar previamente la postura del Estado Nacional. De este modo, la normativa que elimina los topes históricos para la adquisición de campos y dominios territoriales por parte de personas o corporaciones extranjeras se mantiene plenamente operativa en todo el territorio del país.

No obstante la negativa inicial a la cautelar de carácter preventivo, el magistrado le otorgó un plazo perentorio de cinco días hábiles al Poder Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, para que elabore y presente un informe detallado sobre el trasfondo de la medida. Recién con esos elementos sobre la mesa, el tribunal evaluará si corresponde dictar un pronunciamiento definitivo en torno a la constitucionalidad y la subsistencia de la flexibilización en el mercado inmobiliario rural.

La controversia judicial se inscribe en un escenario de fuerte ebullición política en el ámbito legislativo, donde diversos bloques opositores impulsan sesiones especiales para rechazar de manera integral el conjunto de las desregulaciones. Mientras tanto, los impulsores de la demanda advierten sobre el riesgo de consolidar operaciones inmobiliarias irreversibles sobre recursos estratégicos, a la espera de que el debate parlamentario logre definir el futuro normativo del sector.